Se aplica a los ciudadanos españoles que estén cumpliendo una condena privativa de libertad en España, pero que hayan sido condenados por un tribunal extranjero.
Los casos más habituales se dan en los españoles que han sido condenados en países de Latinoamérica o Asia por tráfico de drogas, dónde las condenas por esos hechos tipificados como delito tienen una duración superior al triple de la condena que se le impondría en España, y mediante el proceso de Conversión de la Pena tendría derecho a reducir la condena hasta los límites tipificados por el Código Penal Español.